News - La culpa de los ministros ha recaído sobre el parásito de un pez muerto.

La Fiscalía General está finalmente examinando el informe de 2015 de los ambientalistas sobre un delito de agotar la cuenca artesiana de Ararat. La acusación no fue presentada contra los exministros de Medio Ambiente Aram Harutyunyan o Vardan Ayvazyan, quienes supuestamente otorgaron licencias de uso de agua que excedían el límite permitido en aproximadamente 1,6 veces entre 2003 y 2013 y, con ello, llevaron al campo de Ararat al borde de la desertificación, sino contra un particular, un piscicultor con granja en Masis llamado Kamo Hambardumyan, que falleció hace dos años. En 2003 el plazo de uso de agua de Hambardumyan había expirado, pero no cerró el pozo porque el Comité del Agua exigía 4 millones de drams para cerrarlo, según su abogado Davit Davidiyan. Los cuatro millones fueron finalmente incautados y el caso cerrado. El abogado señaló que habían pasado diez años y que Hambardumyan no pudo pagar otros cinco millones desde su fallecimiento. La medida de reabrir el caso contra Hambardumyan fue motivada por la denuncia del ambientalista Levon Galstyan contra los exministros. Galstyan y otros ambientalistas en 2015, y de nuevo en 2018 tras el cambio de régimen, apelaron a la Fiscalía General y al Comité de Investigaciones para revelar por qué, durante 2008–2013, los funcionarios otorgaron licencias de uso de agua que excedían el límite permitido en aproximadamente 700 millones de metros cúbicos, principalmente a granjas de peces. Según la denuncia, los funcionarios estaban vinculados al negocio de la piscicultura. En lugar de investigar las cadenas de corrupción, sin embargo, la Fiscalía reabrió 18 casos individuales de uso de agua que habían sido cerrados y caducados, incluida la causa de Hambardumyan. Como parte de esto, el ambientalista Levon Galstyan fue citado ante la sede de Masis del tribunal de la región de Ararat. En la audiencia del 3 de diciembre, el tribunal buscó involucrarlo no solo como testigo sino también como demandante. Galstyan se negó a participar, diciendo que no sabía nada sobre el hombre y que no podía testificar, y que su reclamación se refería a los funcionarios. Después de la sesión, Galstyan dijo a Epress.am que lo estaban involucrando en casos que le eran ajenos desde 2020. Explicó que lo habían llevado a la Oficina de Investigaciones de Armavir, le mostraron documentos para que se familiarizara con cuánto habían multado a varias personas: uno cinco millones, otro diez, etc.—pero que él estaba presentando cargos contra los funcionarios. Por ejemplo, Aram Harutyunyan, que actualmente se encuentra en el extranjero, presuntamente aceptó un soborno de 14 millones de dólares de Silva Hambardumyan; otro funcionario del ministerio que firmó licencias de uso de agua también ahora trabaja como perito independiente; o Vardan Ayvazyan, que está involucrado en un caso de riqueza ilícita. El caso ha sido dividido y asignado a usuarios individuales de agua—a una granja piscícola, a una fábrica y a un agricultor que riega. Pero el problema es sistémico: los funcionarios eran propietarios de estas granjas piscícolas que extraían agua, ya fueran reales o encubiertas. Se señala que estudios internacionales realizados entre 2012 y 2015 mostraron que las extracciones agresivas de agua en Ararat redujeron la presión artesiana en aproximadamente la mitad, los niveles de aguas subterráneas cayeron hasta 17 metros, el lago Aygr se secó, la desembocadura del río Metsamor se redujo entre 10 y 12 veces, y para 2016 las reservas de agua de la Cuenca Artesiana habían disminuido en 170 millones de metros cúbicos.