

Arusyak Julhakyan, miembro de la delegación de la Asamblea Nacional (AN) de Armenia ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), pronunció un discurso en la sesión de la PACE en Estrasburgo, Francia, informó la AN. El diputado armenio declaró lo siguiente: "Estimados colegas, Como Estados miembros del Consejo de Europa, nos hemos comprometido a defender los principios de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Un aspecto fundamental de estos principios es la protección y promoción de la libertad de expresión como piedra angular de la democracia. No es sólo un privilegio sino un derecho consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que refleja nuestro compromiso compartido con una sociedad libre y abierta. En una era donde la información es una fuerza poderosa, debemos reconocer el papel fundamental que desempeñan los periodistas en la preservación de los cimientos de nuestras sociedades. Se supone que su trabajo no sólo es un faro de la verdad, sino también un control del poder, un guardián de la democracia y una voz para los que no la tienen. La seguridad de los periodistas no es sólo una cuestión de derechos individuales, sino una responsabilidad colectiva. Los Estados miembros deben promulgar y hacer cumplir leyes que protejan a los periodistas, investiguen y enjuicien a quienes los amenacen o les hagan daño, y creen una atmósfera que fomente un panorama mediático vibrante y diverso. Una prensa libre es esencial para una democracia floreciente, y su protección nos incumbe a todos y cada uno de nosotros. Desde este aspecto, uno de los pasos cruciales a dar es la despenalización del insulto y la difamación por parte de todos los estados miembros. Es extraño que la difamación sea un delito penal en el siglo XXI y al mismo tiempo ser parte del mundo democrático. Pero aquí no sólo son importantes las buenas leyes y reglamentos, sino también la práctica judicial. Permítanme poner el ejemplo armenio. Cuando despenalizamos el insulto y la difamación en 2010, esto se convirtió en otra herramienta para que la élite política y empresarial oprimiera financieramente a los periodistas y medios de comunicación, ya que los tribunales durante el primer período después de la despenalización solían imponer las multas más altas como compensación por el insulto y la difamación. obligándolos así a cerrar. Afortunadamente, en breve recibimos sentencias de los Tribunales Constitucional y de Casación que contribuyeron significativamente a regular la práctica judicial y explican cómo deben interpretar los jueces las disposiciones del Código Civil relativas a las indemnizaciones por injurias y difamaciones. Estimados colegas, en conclusión, salvaguardar la libertad de prensa y garantizar la seguridad de los periodistas no es sólo una obligación: es una piedra angular de nuestro compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho dentro del Consejo de Europa. Mantengámonos unidos, decididos en nuestra determinación de proteger a quienes responsabilizan el poder y contribuyen al florecimiento de nuestras sociedades democráticas. Gracias."